Leire Sopuerta / Imagen: Miguel Ángel Escobar y Diego S. Villasante. La Granja (Segovia)
‘El futuro de la dependencia y la política social en España’ fue una de las mesas de debate que se ha celebrado en el II Encuentro de Parlamentarios de Sanidad. En ella participaron Julio Sánchez Fierro, secretario ejecutivo de Participación Ciudadana del Partido Popular, Joaquín Bascuñana, ex consejero de Política Social de Murcia, y Francisco Juan, director general de Salud de DKV. Todos ellos moderados por Ana María Corredera, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía.

Francisco Juan, director general de Salud de DKV; Joaquín Bascuñana, ex consejero de Política Social de Murcia; Ana María Corredera, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía y moderadora de la mesa; y Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Comisión de Sanidad del PP.

Sánchez Fierro ha recordado que la llamada Ley de Dependencia fue aprobada con "un alto nivel de consenso”, que se ha ido perdiendo porque “se ha querido cumplir con un calendario de atención a estas personas que ha quedado sobrepasado” y porque “las comunidades han financiado la norma con más recursos que el Estado, por tanto no se ha cumplido la aportación al 50 por ciento fijada”.

Por todo ello, a juicio de Sánchez Fierro, “la norma ha producido cierta decepción”. Además, ha lamentado que las prestaciones económicas estén en primer lugar en el ranking, por debajo de las técnicas. En este sentido, ha señalado que “hay que invertir más en la parte de la ley que hace referencia a la autonomía personal, así como a las necesidades de los niños de 0 a 3 años”. El secretario ejecutivo de Participación Ciudadana del PP ha demandado que el acceso a las prestaciones y garantías de la norma “sea igual para todos” y ha pedido conocer “el anunciado Libro de Coordinación Sociosanitario, porque en él pueden estar las claves de algunos de estos problemas”.

Por su parte el ex consejero Bascuñana ha asegurado que la Ley de dependencia “se aprobó en un momento electoral, algo que ha condicionado su desarrollo y que ha provocado un descontento general”. Asimismo, cree que la ley “se ha utilizado como arma política, lo que ha impedido mayores avances”.

Para el actual senador, la norma “no ha convencido a nadie porque en cada comunidad se ha desarrollado de manera distinta”. Si bien, ha querido reconocer que “es una buena norma, pero que implica un replanteamiento, ya que hay que valorar si puede llegar a todos los que pretende y si podemos seguir con una financiación que depende de los Presupuestos Generales del Estado”.

El director general de Salud de DKV ha definido la ley como “maravillosa”, aunque “necesita dinero para su financiación”. El número de dependientes, a su juicio, “sigue subiendo” y el número de solicitudes “no se corresponde con las previsiones”. Para Juan es necesario “garantizar un sistema accesible para todos, que sea eficiente, que permita elegir y que sea sostenible”.

Respecto al mercado de seguros en el ámbito de la dependencia, el representante de DKV considera que “no funciona bien” porque “la gente lo ve como algo muy de futuro y además cree que no les va a pasar”. En su opinión, “la Administración sí debe cubrir las ayudas a los grandes dependientes, de manera obligatoria”, pero “las dependencia baja o media debe ser opcional, en función de las posibilidades del ciudadano, al que se le ofrecerían ayudas”.